Repensar el castigo por el uso de sustancias ilícitas

Replantearse el castigo por parte del Estado hacia los consumidores de drogas ilícitas en materia penal es hoy en día una problemática en términos sociológicos y en términos de políticas públicas en lo que concierne al mundo occidental. La cuestión es poner “sobre la mesa” las siguientes preguntas: ¿por qué una persona consumidora de sustancias ilícitas es puesta a disposición de las fuerzas del orden público y es tratada como delincuente? ¿Cómo es el proceso por el cual una persona consumidora de sustancias ilícitas es estigmatizada como un delincuente latente o un enfermo en términos mentales?

Este trabajo es parte de una investigación que se llevó a cabo entre 2009 y 2017 con consumidores de drogas. Para la obtención de los datos se empleó la metodología de la observación participante no sistemática naturalista, la cual consiste en obtener información de primera mano por medio de la observación y sin intervenir de manera intrusiva en el desarrollo de las interacciones, para hacer eso posible se empleó la técnica de espía con la intención de obtener información lo más fiel posible de cómo es la vida de estas personas.

Desarrollo

El siglo XX se caracterizó por ser el periodo de tiempo en el que se combatió a las drogas tanto en su consumo como en su producción y distribución, de tal manera que los primeros esfuerzos por prohibir dichas actividades resultaron en la percepción de la opinión pública de que los agricultores que se dedican a cosechar las sustancias ilícitas fueran llamados “narcotraficantes”, y a las personas que las consumían “drogadictos”. Esta noción tiene su mayor difusión en México a partir de 2006, con la cruzada moral Para que la droga no llegue a tus hijos, iniciada por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, y la llamada “guerra contra las drogas” o “guerra contra el narcotráfico”.

A saber, México ha intentado participar en esta política prohibicionista desde el siglo XX, sin embargo, por diversos motivos del desarrollo contextual e histórico del país no se había implementado una campaña directa como la que se ve hasta el siglo XXI. Esto no quiere decir que se culpe al presidente Calderón por detonar la guerra contra las drogas, pero debe reconocerse que durante su campaña para la presidencia nunca mencionó como prioridad el combate al narcotráfico y mucho menos sacar de los cuarteles a militares para combatir a las organizaciones “criminales” que se encargan de traficar sustancias ilícitas hacia Estados Unidos, cuya demanda de estos insumos es elevada. Desde la administración del ex presidente Ernesto Zedillo, el gobierno mexicano se ha apoyado en las fuerzas militares para el combate a grupos denominados organizaciones criminales, esto debido a que los aparatos policiales federales, estatales y municipales son poco eficaces y eficientes para combatir a estas organizaciones ante la falta de un interés cívico de protección a la ciudadanía, y una falta de una política de seguridad interna que utilice estrategias para el combate que no sean bélicas sino de corte administrativo.

Distintos países de América Latina han tenido que pagar un alto precio en términos sociales y económicos por adherirse a la política prohibicionista de drogas impulsada por empresarios morales que promueven estas ideas desde organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con su oficina encargada de tratar temas sobre el delito y el crimen (ONUDC). Es necesario apuntar que la guerra contra las drogas parece ser una campaña desde Estados Unidos, por lo cual se le puede llamar guerra de baja intensidad (Astorga, 2007), una campaña de intervención militar por parte de ese país que atenta contra la soberanía nacional de los países que se incorporan a dicha política prohibicionista. Esto es descrito por Luis Astorga (2012) de la siguiente manera:

En América Latina, México y los países de la zona andina, principalmente Colombia, Perú y Bolivia han resentido con mayor fuerza la política antidrogas promovida por Estados Unidos desde principios del siglo XX y adoptada, generalmente sin gran oposición de fondo, por los gobiernos latinoamericanos.

Como preludio de lo que llamaríamos guerra contra las drogas, la administración Nixon puso en marcha en 1969 la Operación Intercepción en la frontera con México. Los controles a vehículos y a personas no pararon el flujo de drogas hacia Estados Unidos, pero la medida si provocó un conflicto diplomático. Posteriormente, entre 1975 y 1978 el gobierno mexicano, impulsado por Estados Unidos, inició un gran despliegue militar para destruir cultivos ilegales y le llamó Operación Cóndor. Diez mil fueron enviados a la sierra que comparten los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango para destruir cultivos de amapola y marihuana. En 1978 (1980) el gobierno de Julio César Turbay en Colombia puso en marcha la Operación Fulminante para destruir los cultivos de marihuana en la Guajira y la zona Atlántica también con unos diez mil militares.

En 1986, el presidente Reagan promulgo la directiva de seguridad nacional 221, la cual definió el tráfico internacional de drogas como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. En ese mismo año, el gobierno estadounidense comenzó en Bolivia la Operación Alto Horno con tropas del comando sur, agentes de la DEA [Drug Enforcement Administration] y helicópteros Black Hawk en apoyo a la policía nacional para destruir lugares de procesamiento de coca en los departamentos del Chapare, Beni y Santa Cruz.

En 1987, la DEA y el Bureau of International Narcotics Matters del Departamento de Estado [estadounidense] iniciaron la Operación Corona de Nieve en doce diferentes países, pero concentraron sus actividades en Perú, Bolivia y Ecuador. En 1989, la administración Bush lanzó la Iniciativa Andina en Colombia, Perú y Bolivia para reducir la distribución de cocaína hacia Estados Unidos, lo que implicó un financiamiento de poco más de dos mil millones de dólares para asistencia militar y económica, programas de aplicación de la ley y apoyo de la DEA.

En 2000 dio inicio el Plan Colombia y en 2007 la estrategia conjunta México-Estados Unidos llamada Iniciativa Mérida.

Estas operaciones e iniciativas impulsadas por sucesivos gobiernos de Estados Unidos denotan el fuerte interés de ese país por combatir el tráfico de drogas ilícitas que afecta a sus intereses internos y que para nada son un problema para las naciones en las que se llevaron a cabo estas disposiciones militarizadas. En ese sentido, ¿por qué es necesario combatir una actividad de consumo en México y otras naciones de Latinoamérica? Preguntarse el porqué de las cosas lleva a una respuesta favorable o desfavorable al respecto de un tema, esa respuesta siempre lleva a una justificación que está acompañada de un juicio de valor; una posible respuesta es porque es un problema público, pero, ¿qué es un problema público?

En muchas ocasiones se piensa que los problemas públicos son aquellos que las personas en determinada sociedad y en determinado momento histórico identifican como un hecho conflictivo entre sus miembros; sin embargo, esta respuesta estructural funcionalista es demasiado ambigua ya que presenta la respuesta unidimensional de que únicamente las situaciones conflictivas son las que dan origen a un problema, como si alguna fuerza invisible determinara que es momento de desatar el caos. Para evitar una respuesta reduccionista, es necesario considerar un problema público desde el constructivismo de Joseph Gusfield (2014). En este sentido, se puede ver que los problemas son creados en términos de autoridad cultural por instituciones o dispositivos que tengan una gran legitimidad política, con lo cual establecemos que existen personas encargadas de identificar, normar, categorizar, regular y controlar lo que han identificado como un problema público. Estas personas que se encargan de generar normas de control social por tener un alto grado de legitimidad política son llamados por Howard Becker (2009) empresarios morales, que se creen con una moral superior al resto de los individuos que comenten actos que le son incomodos a este y a su camarilla.

Con lo anterior, un problema público no lo es hasta que un empresario moral da voz de alarma en la sociedad para combatir el mal que le aqueja y que combate por medio de una cruzada o una campaña moral en contra de la acción impúdica, como lo es el consumo de sustancias ilícitas. Si esta voz de alerta no es emitida, el supuesto problema se queda en el orden de lo privado. Siguiendo a Gusfield (2014), para que sea posible la situación de exhibir un problema público es necesario que el empresario moral convenza al auditorio de que es necesario combatir ese “problema”, y eso se logra por un proceso analógico que Gusfield proporciona. En primer lugar, se requiere del arte oratorio, que tiene que ver con la identificación de lugares y figuras retoricas que causen emociones entre los públicos a los que dirigen el mensaje con la intención de persuadirlos. Así, se crea la imagen de que en las zonas periféricas de las ciudades existen personas que consumen drogas y que son delincuentes potenciales ya que, al habitar en zonas marginalizadas, estas personas que hacen uso de sustancias ilícitas se ven en la necesidad de robar o mezclarse con las organizaciones criminales para obtener los insumos a los que se han hecho “esclavos”.[1] De esta manera, la exhibición de atributos altamente desacreditadores (Goffman, 2010) de espacios y de personas hace posible persuadir a determinados públicos de fijar su atención en lo que el empresario moral desea sea observado.

En segunda instancia, se requiere del arte dramático, es decir, montar un espectáculo que emocione al público. Esto puede ser ejemplificado con el testimonio de un consumidor que fue descubierto por policías en posesión de marihuana antes de que la campaña del ex presidente Calderón entrara en vigor:

[consumidor X1. En un parque de la ciudad de Pachuca. Caminando rumbo a una fiesta. Febrero, 2009.]

César: oye carnal[2], ¿y alguna vez te han trepado[3] los puercos[4]?

X1: Simón[5] canalito, por eso del 98 andaba chambeando[6] por Toluca. Entonces pues ya saliendo de la chamba pues que me pongo a ponchar[7] un toque[8]. Y en eso volteo y ¡No mano[9]! Venia una perrera[10] con cuatro puercos. Pues para no hacértela larga, me cacharon[11] con el toque en las manoplas[12].

César: ¡Chale![13] ¿¡Y luego carnal!?

X1: Pues ya se pararon y que me la empiezan a hacer de pedo[14]. Pues ya me habían topado[15], ni cómo hacerse pendejo. Y pues me empezaron a interrogar, ¿que a dónde iba? ¿qué si no sabía que eso era malo para mi salud? En fin, un choro[16]. Lo más cagado[17] es que iba pasando gente por ahí, así, bien sacada de pedo[18] carnal. Nada más me volteaban a ver bien gacho[19] para no hacértela larga, pues ya me treparon y me dieron una vueltecita en la trulla[20]; según ellos me habían ido a aventar a un lado bien lejos de mi jaula[21], pero los pendejos me dejaron cerca de donde vivía, lo malo es que me dieron bajilla[22] con mi feria[23] y mi porro.[24]

Lo interesante del testimonio anterior es observar que antes de que exista una norma, no es posible sancionar a una persona. Sin embargo, los policías al saber que es malo para la salud ya han sido persuadidos de que el consumo de sustancias como la marihuana es potencialmente dañino. La gente que pasa y observa la dramatización se lleva una impresión de la realidad que acaba persuadiéndolos y convenciéndolos de que la persona que consume, al ser detenido por elementos policiales que ostentan una autoridad legítima para sancionar cierto tipo de conductas, debe ser en verdad una persona que cometió un acto desviado y debe ser sancionado, aunque de hecho no sea así.

Por último, el empresario moral hace uso del arte narrativo, es decir, se hace de medios impresos, televisivos, radiofónicos e informativos (internet) para generar una idea de que la acción que pretende prohibir es en realidad en beneficio de la ciudadanía. Con ello, la etapa de convencimiento se difunde por medio de los públicos que han sido receptivos en cuanto al mensaje prohibicionista o reformista y se comienza a formular un problema público. En esta etapa, podemos ver que se dan ejemplos llamativos, mensajes publicitarios extravagantes y explicaciones de “expertos en el tema” que ostentan la jerarquía de la credibilidad (Becker, s/f) por tener un grado de profesionalización pero que, sin embargo, carecen de herramientas verídicas para comprobar que la adicción a las drogas existe. Los ejemplos sobre este tema son abundantes, basta con ir a un puesto de revistas, comprar el diario, ver la sección policiaca y ver que existen notas con expresiones como “lo cacharon quemándole las patitas al diablo”, “detenido por traficar con el enervante”, “suicidio por estar bajo los efectos de la fatídica sustancia”, etc. O prender el televisor y descubrir programas que hablan de lo perjudicial que es consumir drogas, ver el noticiero, etc.

Después de que el problema público ha sido creado, es momento de legislar de manera interna en reglamentos, normas y leyes que prohíban el consumo, cultivo, cosecha, portación y tráfico de sustancias comprendidas por los lineamientos internacionales como ilícitas. De esta forma, con la creación de las cuestiones normativas, se crea la figura desviada del consumidor percibido, en primera instancia, como delincuente. Por supuesto que esto no es suficiente para que se persiga a los consumidores, ya que el hecho de que exista la norma no es indicador de que se persiga al ahora “culpable” jurídicamente. Esto puede ejemplificarse con el siguiente testimonio:

[consumidor X2. En una casa de consumo de drogas en Pachuca. Noviembre 2011]

Y: ¿no mames X2, donde putas andas? ¡Saca![25]

X2: herido[26] carnal, ¡me acaba de pasar una mamada[27]!

César: ¿qué chow[28], que te paso?

X2: pues venia del cantón y ya venía sobre el boulevard y me atoraron los puercos.

W: ¡ah que pendejo! ¿Y luego?

X2: pues ya me había comido un ajo[29] cuando venía para acá, y traía todo lo demás entuzado[30], pero pues me pararon y yo andaba en mi pedo[31]. Ya me revisaron y todo el pedo, me vieron acá[32] y pues solo me quitaron mis dulces[33] y me dejaron ir. Mejor ustedes aliviánenme[34].

Si ponemos atención, en el año 2011 el combate contra las drogas en México ya existía, pero a este consumidor lo dejaron en libertad y sólo le decomisaron las sustancias. ¿A qué circunstancias se debió este acontecimiento? Un dialogo establecido con un abogado que trabajo en barandillas durante varios años es ilustrativo al respecto:

[Abogado de Oficio en barandillas. Plaza Revo, Pachuca. Mayo de 2017. El dialogo se estableció en torno a acciones consideradas como faltas administrativas y personas que son llevadas a barandillas].

César: A ver dígame, suponga que yo he bebido demasiado alcohol y me dispongo a orinar en vía pública y me descubre un policía. Este me llevaría a la barandilla ¿cierto? Para usted, ¿esto me hace un delincuente?

Abogado: sí te llevan a barandilla, pero no eres un delincuente, solo eres un infractor de una norma.

César: perfecto, pero ahora suponga que un vagabundo que ha ingerido igual mucho alcohol y se dispone a orinar en la calle y una patrulla lo descubre, ¿es llevado a barandilla por ser un infractor de la norma?

Abogado: a diferencia de ti, a este supuesto vagabundo no se lo llevarían a galeras.

César: ¿Por qué si es la misma acción?

Abogado: sí, pero tú eres una persona normal, él es un ebrio consuetudinario.

César: ¿qué es eso de un borracho constitucional?

Abogado: [se ríe] no es constitucional es consuetudinario. Pues es así como una condición que hace referencia a que esa persona no cometió una violación a la norma porque esa es su forma de vida. Mira, por ejemplo. Un día llego una patrulla y había agarrado a un borrachín de las vías del ferrocarril, ahí donde se junta el escuadrón de la muerte. Entonces pues estos dos oficiales estaban orgullosos de haber agarrado algo durante su rondín. Pero el comandante los empezó a reprender ya que, pues esa persona es un ebrio consuetudinario, no tiene otra forma de vivir. Les dijo: ¿¡qué están ustedes pendejos!? No saben que esta persona no puede vivir sin el alcohol, si lo tenemos aquí encerrado y le pasa algo, se nos muere o algo, va a ser nuestra culpa. Llévenselo y déjenlo donde lo encontraron.

Por tanto, la condición para que dejaran ir al consumidor de sustancias ilícitas es porque bajo los efectos de las drogas no saben cuál puede ser su reacción cuando lo lleven ante las autoridades competentes para procesarlo. Durante las observaciones realizadas, se puede encontrar que las personas que eran llevadas a prisión preventiva era por delitos de posesión y tráfico de sustancias ilícitas, estas personas estaban sobrias y eran detenidas (aún lo siguen siendo) por lo que Löic Wacquant (2015) describe como portación de cara, es decir, son detenidos por vestir de alguna manera, o por su condición étnica. Cabe destacar que estas personas estaban lúcidas en el momento de su detención.

Un gran número de personas, sin embargo, son detenidas por posesión de sustancias ilícitas. Cuando son detenidas por posesión de sustancias en cantidades superiores a las establecidas en la Ley General de Salud, se les aplican leyes ex post facto, y de ser tratados como consumidores se les otorga una sanción como delincuentes por la cantidad que portan. En varias ocasiones los grupos de consumidores reúnen una cantidad de dinero para conseguir cantidades superiores a la ley que son adquiridas por medio de un dealer (por lo regular un menudista). Pero al ser detenido por portación de cara, y traer encima un kilo o medio kilo de marihuana (o “x” cantidad de otras sustancias), se le trata como narcotraficante, con las penas en prisión que eso conlleva. En varias ocasiones se encontró que al ser exhibida la condición de consumo que la persona tenía en secreto, a esta se le aplican sanciones informales. Alumnos de la universidad son reprobados y culpan a su condición de consumidor como causante de su deficiente desempeño académico, hombres y mujeres son despojados de sus hijos por tener un hábito de consumo; es difícil conseguir un empleo si se está fichado por consumir drogas.

Ahora bien, aquí no se está justificando el mercado negro de drogas ilícitas, ya que evidentemente ha causado un sin fin de bajas civiles en los países que se adhieren a la normatividad prohibicionista impuesta por Estados Unidos, pero sí se hace énfasis en que la guerra contra las drogas ha hecho que las matanzas, que antes eran un problema privado entre estos grupos organizados, se hayan hecho un problema público con consecuencias catastróficas.

Esto remite al teorema de Willam Thomas de que si el individuo piensa que una situación es real es real en sus consecuencias, por lo que se hace una invitación a reflexionar sobre los discursos de la psiquiatría y psicología que ostentan la jerarquía de la credibilidad con argumentos que no se han puesto en tela de juicio y se adoptan como cuestiones doctrinarias más que como fundamentos científicos jugando retóricamente con la creencia de las personas con el fin de impulsar normas que afectan a los usuarios que consumen ese tipo de sustancias, entendiendo que el consumo de sustancias ilícitas no es una enfermedad, sino que es un comportamiento social.

Tampoco se busca aquí promover el uso de dichas sustancias ni su legalización, ya que al adscribirse a esta corriente legalizadora (que por cierto únicamente está enfocada a la marihuana y no a otras sustancias) es aceptar que quienes las consumen son enfermos per se ya que parte de la legalización consiste en operacionalizar mecanismos de salud para tratar a estas personas como enfermas por “esclavizarse con las drogas”. En contraste, este texto es una invitación a repensar las consecuencias no deseadas de una guerra que ha obtenido resultados poco favorables, a pensar en cómo disminuir el poder de las organizaciones que se han adueñado de la vida y la agenda pública. Entendamos que no todo el que delinque es un consumidor de drogas, pero un delincuente puede hacer uso de estas sustancias; dejemos de gobernar a través del delito poniendo en la agenda pública la seguridad social, no en criminalización y en una política armamentista. Es imperativo dejar de hacer generalizaciones basadas en mitos que generen, a su vez, más mitos.

[1] Consideremos que la metáfora “esclavos de las drogas” no debe ser entendida literalmente, como lo sugiere Thomas Szasz (2001), ya que ser esclavo implica que el amo obligue a la persona hacer algo que sea contra de su voluntad, a realizar acciones aunque este no desee hacerlas; por tanto el consumidor de sustancias no es un esclavo de las drogas ya que este hace uso de las sustancias a voluntad y deseando estar intoxicado.

[2] Carnal: hermano, amigo.

[3] Trepar: hace referencia a subir.

[4] Puercos: policías

[5] Simón: sí.

[6] Chamba: trabajo.

[7] Ponchar: liar un cigarro.

[8] Toque: refiérase al cigarrillo armado o fumar marihuana.

[9] ¡No mano!: expresión de asombro para decir No.

[10] Perrera: patrulla tipo camioneta.

[11] Cacharon: atraparon, descubrieron.

[12] Manoplas: manos.

[13] Chale: expresión que denota desaprobación.

[14] Hacer de pedo: armar un escandalo verbal o físico.

[15] Topar: aquí hace referencia a descubrir, encontrar. Puede referirse también, en otro contexto, a conocer algo o a alguien.

[16] Choro: verborrea.

[17] Cagado: aquí se refiere a risible, chistoso.

[18] Sacado de pedo: impresionado, que no se lo puede creer.

[19] Gacho: expresa una actitud de uno hacia otro de mala fe.

[20] Trulla: refiérase a patrulla.

[21] Jaula: referente a casa.

[22] Bajilla: dar baje, despojar de pertenencias.

[23] Feria: dinero.

[24]Porro: cigarrillo de marihuana.

[25] Saca: expresión para indicar que debe invitar las drogas.

[26] Herido: indica que no posee algo.

[27] Pasar una mamada: puede indicar algo risible o algo trágico.

[28] Chow: de show, indica ¿qué onda?

[29] Ajo: se refiere a la sustancia ácido lisérgico (LSD)

[30] entruzar: guardar, esconder.

[31] Andar en el pedo: estar bajo los efectos de la droga.

[32] Andar acá: estar drogado.

[33] Dulces: diversas drogas.

[34] Alivianar: hace referencia a hacer un favor.

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Referencias

Astorga, Luis (2007). Seguridad, traficantes y militares. El poder y la sombra. México: Tusquets.

Becker, Howard S. (2009). Outsiders, hacia una sociología de la desviación. Buenos Aires: Siglo XXI.

Becker, Howard S. (s/f). ¿De qué lado estamos? En Social Problems (obra original publicada en 1967).

Goffman, Erving (2010). Estigma, la identidad deteriorada. Buenos Aires: Amorrortu.

Gusfield, Joseph. (2014). La cultura de los problemas públicos: el mito del conductor alcoholizado. Buenos Aires: Siglo XXI.

Szasz, Thomas (2001). Nuestro derecho a las drogas: en defensa de un mercado libre. Barcelona: Anagrama.

Wacquant, Löic. (2015). Las cárceles de la miseria. Buenos Aires: Manantial.

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