- Arantza García Durán
Problemas de la educación básica mexicana en el marco de sus cambios curriculares y la globalización
La actividad más alta que un ser humano puede alcanzar es
aprender para entender porque el entendimiento es ser libre
Baruch Spinoza
El presente ensayo es una meditación que propone incitar e inquietar nuestra proximidad en relación con la educación como una estructura inherente a lo político, pero que logra un alcance hacia el comportamiento y razonamiento sobre ideales de convivencia, participación, equidad como también el uso adecuado de herramientas tecnológicas capaces de desarrollar el potencial de todo ser humano en su proceso hacia libertad de pensamiento, sin dejar a un lado la comprensión del mundo que lo rodea y la diversidad en el sentido social de respeto.
Es oportuno cuestionar el papel que desempeñamos como actores en el aspecto educativo, ya sea en el rol de estudiantes, colectivo docente, padres de familia, tutores y demás personal institucional con el fin de aceptar compromisos para exigir lo que por derecho humano corresponde mientras se utilizan estrategias para reafirmar propuestas de solución acorde al diagnóstico de problemáticas actuales del contexto en el que se desenvuelven hacia un objetivo de irlas mitigando progresivamente.
Panorama
El ambiente educativo es la principal forma de socialización e interacción heterogénea con características sociodemográficas, económicas y culturales delimitadas por un territorio; todo ello permea un marco de reproducción tanto moral como de valores comunes en diferentes acciones colectivas. La escuela, por lo tanto, no se puede visualizar fuera de un margen de sometimiento en cuanto a regulaciones sobre parámetros de adaptación social e individual usando herramientas simbólicas, jerárquicas, de función y físicas para proporcionar educación (Tomasevski, 2014). Una perspectiva sociológica clásica dice que
La educación es la acción ejercida que…tiene por objeto el suscitar y desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él tanto la sociedad política en su conjunto como el medio ambiente específico al que está especialmente destinado (Durkheim, 1979: 53).
Esta definición se puede recuperar y adecuar a la actualidad en grado de sus avances sobre el desarrollo educativo desde una escala internacional, donde existe un marco común de derechos humanos que integra a la educación como una obligación gubernamental. Asimismo, propone garantizar el acceso y universalización respaldadas constitucionalmente, también proyectadas mediante un marco curricular hacia un objetivo nacional con un fin determinado y resultados en un tiempo establecido capaz de hacer frente a fuerzas mundiales (UNESCO, 2015).
Sin embargo, impedimentos de realización sobre el derecho de la educación se derivan de las dinámicas financieras globales, los procesos de regionalización, descentralización, factores de privatización, el presupuesto designado en inherencia a las prácticas de corrupción, así como las diversas problemáticas en la micro-interacción por parte de los docentes en algunos casos, pero también los estudiantes que reproducen criterios de exclusión, tal es el tema de la discriminación, segregación y aceptación de prácticas de enseñanza arcaicas y las formas de acceso al bien educativo en calidad proporcional a las exigencias globales que integran el aprendizaje de las TIC´s.
Apuntando al margen internacional, uno de los propósitos ocultos a los que recae la solidaridad hacia el apoyo educativo en países latinoamericanos por parte de los organismos internacionales, es promover condiciones de desempeño económico y reclutamiento humano en un ciclo de influencias e intereses a través de un discurso basado en indicadores estandarizados cuya caracterización se refleja en las diferentes reformas.
La posición anterior, se puede concebir en la educación neoliberal actual bajo la idea de formar al estudiante como una herramienta con habilidades, actitudes y aptitudes para determinado sistema productivo bajo una ilusión de acceso a un conocimiento limitado pero formal por parte del Estado sobre lo que el individuo tiene y puede aportar con dicho conocimiento en característica de ciudadano.
En contraste, el derecho educativo queda justificado sobre documentos como la Declaración de Incheon y Marco de Acción a nivel internacional y la constitución a nivel nacional, apuntando a una visión ideal de convivencia, socialización, universalismo del acceso al conocimiento, apertura a oportunidades de superación, entre otras, que se pueden cuestionar en su coherencia sobre el escenario de la acción y de su complejo panorama. (UNESCO, 2015).
Problemáticas
Por un lado, las políticas educativas como promovedoras de insumos infraestructurales, profesionales, de modelos curriculares, metodologías, materiales, medios y herramientas tecnológicas para la educación no cumplen totalmente su cobertura en fines de calidad, sino apenas los básicos o en algunos casos instalaciones precarias para las zonas más marginadas, para abarcar cantidad y el derecho educativo antes que procurar calidad de enseñanza lejos de los parámetros de excelencia propuestos (Torres, 2006).
Las políticas públicas, entendidas como parte de una intervención por parte del Estado para configurar a la sociedad, aunque no sean capaces de solucionar todas las adversidades en su aplicación, se apoyan del grado de cooperación por parte de los actores que integran al proceso educativo mediante acuerdos, consensos o propuestas escuchadas en la proximidad de la práctica y no sólo desde la perspectiva nacional cuya prioridad es abordar la cobertura precaria de estudiantes inscritos (Gómez, 2017).
En vista de lo anterior sobre la obligatoriedad del acceso a la educación, es pertinente repensar la existencia de prejuicios de valor como el de ser estudiante a edades determinadas, el ingreso a una escuela por la posición socio-económica, de género o cultural en cualquiera de sus niveles de enseñanza mismos que no dejan de promoverse por la inevitable existencia división entre las escuelas privadas, públicas, para trabajadores, y se refuerzan en sus ideas tanto interiormente como exteriormente la mayoría de las veces o en otros casos, la decisión de dejar de estudiar por problemas económicos o el la idea de no tener la edad adecuada cuando no se pueden juzgar las razones que fueron motivo de impedimentos.
Con base a lo anterior, aunque se respalde actualmente una reforma en el artículo 3º constitucional –que abarca el derecho y la obligatoriedad tanto a la educación básica como a la media superior para todo ciudadano independientemente de su edad, género, etnia o estrato de manera uniforme con el propósito potenciar las capacidades máximas del ciudadano en armonía, convivencia y demás– en la realidad, estos ideales siguen sin vincularse y adaptarse a los contextos regionales o locales por múltiples razones de desigualdad.
Se habla en este caso de la misma idiosincrasia y praxis pedagógica de los actores educativos en su papel de desempeño a través de actitudes políticas, ideológicas, falta de vocación, estrategias pedagógicas del siglo pasado e indiferencia a los escenarios mismos de violencia, familiares y cognitivos de los estudiantes; mientras que también hay que mencionar el negocio de expedición de certificados educativos avalados a nivel nacional, para mejorar sus índices de cobertura educativa y activación laboral sin pensar realmente en la internalización los contenidos necesarios para construir el pensamiento libre a la edad que sea (Tomasevski, 2014).
Estos problemas han perjudicado el desarrollo de las capacidades de desempeño en la sociedad contemporánea a nivel nacional y en Latinoamérica. Las consecuencias caen más profundamente entonces en las intervenciones que han provocado resultados que no atienden a los objetivos del Marco Común Internacional por la complejidad de atención y mejoramiento en las otras dimensiones que lo vinculan en el proceso de proporcionar educación. Dicho de otra manera, las brechas de desigualdad, juicios de valor sobre ciertos grupos, discriminación y dominación continúan existiendo en un rezago proyectado inexactamente por no poner la lupa en los detalles significativos de necesidades urgentes en algunas zonas con problemáticas contextuales, cognitivas o des espacios físicos que impactan el derecho pleno a la educación (Izquierdo, 2012).
Lo anterior nos debería alertar la necesidad de un cambio de paradigmas para hacer verdadera una participación permanente desde todas las posiciones que constituyen esta estructura. Interesa principalmente trasformar a lo sujetos receptores contribuidores de su realidad educativa a partir de apropiación de herramientas y de recursos analíticos del espacio en el que se desarrollan para que hagan cognición de las condiciones causantes de diversas imposibilidades contextuales sobre el derecho a la educación.
Estamos hablando de reflexionar sobre las dificultades que se derivan de los índices de pobreza, la marginación de comunidades, la atención personas con necesidades especiales, de equipamiento estructural propicio para actividades y estrategias pedagógicas eficaces en el ambiente escolar, el acceso a herramientas tecnológicas, capacitación docente, el tiempo que dedica el estudiante mismo y la familia para acompañar el proceso de enseñanza debido a largas jornadas laborales, la promoción de estudiantes con diagnósticos de problemas de aprendizaje, prejuicios de marginación, distinción social o cultural, entre otros.
Ahora bien, los cambios en los modelos curriculares también afectan el aprendizaje de los estudiantes al no tener una secuencia reafirmada de los conocimientos previos obtenidos por las meras prácticas de repetición y memorización a corto plazo. La actitud del docente más allá de comprar planeaciones generales – para cumplir con un requisito que se piensa es administrativo cuando es parte del quehacer pedagógico– debería ser el responsabilizarse con los parámetros y necesidades regionales de acuerdo a una observación profesional de sus contextos asegurando un resultado significativo en el progreso intelectual de los estudiantes mediante estrategias particulares y no solamente para lograr una calificación aprobatoria.
Es importante además que los estudiantes conozcan sus derechos de participación en su proceso educativo independientemente de su edad al cursar el nivel básico, pues esta etapa de aprendizaje, es la base de su transformación a la autonomía intelectual mientras reflexionan de manera crítica los espacios de socialización institucional, sus saberes informales, los discursos doctrinantes de los libros de texto e incluso los métodos de enseñanza.
A estas alturas sería conveniente cuestionarse las implicaciones de todo lo antes mencionado hacia la dirección de los resultados o mediciones cuantitativas a nivel nacional, las cuales se muestran opacas en relación con los parámetros de observación inmediata de las tasas de matriculación, deserción escolar, atención a los problemas de violencia, alfabetización y escasa educación sobre el uso de las herramientas tecnológicas para el aprendizaje autodidacta.
Basta como muestra traer a relieve los cambios en las reformas educativas mexicanas neoliberales que estiman las evaluaciones a manera de clasificaciones prácticas estandarizadas o prácticas reduciendo las habilidades de los estudiantes a un número para medir el logro de sus capacidades y que perpetúan el proceso de enseñanza-aprendizaje como algo mecanicista:
La calidad educativa no es equivalente al puntaje en una prueba estandarizada, la presión que éstas generan ha contribuido a la desigualdad y la segmentación social; además, hace que la enseñanza en el aula se enfoque a la preparación de los alumnos para resolverlas, dejando de lado elementos fundamentales de una formación integral como aprender a pensar, a respetar, a vivir con otros, a cuestionarse, así como el desarrollo moral, afectivo y social (Pérez, 2014: 2010).
Sin duda, el daño colateral recae finalmente en el estudiante, cuya figura inmersa en el posmodernismo por nacimiento, se define en una red de hibridación cultural, la cual en un extremo se proyecta por un lado a través de un sesgo de acceso a las Tecnologías de Información y la Comunicación por la localización u oportunidades de marginación; y por el otro el acceso o una desconexión sobre los esquemas tradicionales del aprendizaje por la inmediatez y superficialidad en la que se encuentran inmersos a través del uso excesivo de Tecnologías. Sea cualquiera de estos dos polos, se dibujan motivos de desinterés y distanciamiento inconscientemente voluntario sobre su medio y todo lo que significa más allá de la globalización cultural o de consumo como fuente de distracción a sus circunstancias inmediata. Los actores educativos deben propiciar formas para enganchar a la concientización de los estudiantes en una percepción de enriquecimiento cognitivo para alcanzar un mejor bienestar social con relación a la responsabilidad del Estado en la impartición de un Derecho Universal que trasforme el tradicionalismo en la enseñanza.
Referencias
Durkheim, É. (1979). Educación y sociología (No. 370.193 D8Y). Bogotá: Linotipo.
Gómez Collado, M. E. (2017). Panorama del sistema educativo mexicano desde la perspectiva de las políticas públicas. Innovación educativa (México, DF), 17(74), 143-163.
Izquierdo, C. M. (2012). Tres problemas fundamentales del sistema educativo. Perfiles educativos, 34, 154-159.
Pérez, A. V. (2014). Globalización: crisis, educación y democracia en México (2000–2012). Cuadernos Intercambio sobre Centroamérica y el Caribe, 11(1), 205-224.
Tomasevski, K. (2004). Indicadores del derecho a la educación. Revista iidh, 40, 341-388.
Torres, R. M. (2006, September). Derecho a la educación es mucho más que acceso de niños y niñas a la escuela. En Ponencia presentada en el X Congreso Nacional de Educación Comparada ‘‘El derecho a la educación en un mundo globalizado’’, Sociedad Española de Educación Comparada. San Sebastián, España.
Unesco. (2015). Declaración de Incheon. Educación 2030: hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos.
