© Enero - abril 2020

FUIMOS PECES | REVISTA DIGITAL, Año 3, No. 12, Enero-abril 2020, es una publicación trimestral editada por Fuimos Peces, calle Melitón Guzmán 103, Col. Virginia Cordero, Xalapa, Veracruz, México. Tel. (228) 8136604, www.fuimospeces.mx, revista@fuimospeces.mx Editor responsable: Virginia Arieta Baizabal. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2017-060214264100-203, otorgada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este Número: J. Enrique Sevilla Macip, fecha de última modificación 31 de enero de 2020.

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Coaliciones electorales 2018: captación masiva del voto a pesar de las diferencias ideológicas de sus miembros

 

Sin lugar a duda, el proceso electoral federal 2017-2018 fue histórico y se ha convertido ya en un hito dentro del ámbito comicial nacional. Una de esas razones fue que se lograron construir coaliciones electorales cuyos partidos integrantes eran -en apariencia- muy diferentes entre sí, por representar extremos ideológicos o posiciones político-sociales encontradas.

 

Así, no solo se lograron constituir dos coaliciones con esas características -hubo una tercera, encabezada por el partido Revolucionario Institucional (PRI), pero se estima que sus miembros tenían más convergencias teóricas y prácticas-, sino que también esas dos alianzas fueron las que recibieron más votos para los distintos cargos públicos federales en disputa, resaltando que una de ellas, Juntos Haremos Historia (JHH), conformada por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), consiguió la mayoría en el Congreso de la Unión, así como la Presidencia de la República.

 

En las siguientes líneas, se analizará de manera somera por qué ocurrió dicho fenómeno, cuáles fueron las causas o motivos de que esas coaliciones integradas por antagónicos no fueran fallidas o rechazadas por la ciudadanía, sino todo lo contrario, pues se volvieron receptoras de la mayor cantidad de los sufragios emitidos en las votaciones 2018.

 

Antes de ello, es pertinente señalar que la doctrina reconoce tres tipos de coaliciones: electorales, parlamentarias y de gobierno (Paoli 2012, 138). Estas dos últimas, sobre todo las de gobierno, no son comunes en los regímenes presidenciales, como sería el caso mexicano, pues no se necesita obtener una mayoría absoluta en el Congreso para ser investido y ejercer la función ejecutiva (Ibíd.: 143), por lo que no existen condiciones que incentiven u obliguen la integración de esa clase de coaliciones.

 

Asimismo, las coaliciones electorales se pueden definir como las uniones transitorias (operan solo para determinados comicios) entre dos o más fuerzas partidistas, establecidas mediante un convenio, cuya finalidad es postular las mismas candidaturas a ciertos cargos públicos (Gómez 2013, 564; LGPP, artículo 85, párrafo 2, 2019).

 

En ese sentido, las coaliciones no son únicamente instrumentos utilizados por los partidos para potenciar su fuerza electoral y competitividad, sino que también sirven para lograr la gobernabilidad democrática, los grandes acuerdos que requiere un país para poner fin a conflictos de envergadura, los cuales pueden ser de naturaleza económica, política, social y hasta religiosa (Paoli, op. cit., 138).

 

Ahora bien, para las elecciones generales federales de 2018, en las que estuvieron en juego la presidencia, 500 diputaciones y 128 senadurías, y que se celebraron en la misma fecha en la que 9 entidades federativas escogieron a su respectivo Poder Ejecutivo local, se registraron tres coaliciones comiciales, integrada cada una por tres institutos políticos nacionales: la ya mencionada JHH; Por México al Frente (PMF), constituida por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), y Todos por México (TPM), compuesta por el PRI y los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (PANAL).

 

 

En la elección presidencial, la coalición JHH obtuvo 30 110 327 sufragios (53.19% del total de votos emitidos); PMF, 12 607 779 (22.27%), y TPM, 9 288 750 (16.41%). Por lo que respecta a las votaciones para senadurías de mayoría relativa, JHH consiguió 23 732 820 sufragios (42.26% de la totalidad emitida); PMF, 14 216 909 (25.31%), y TPM, 7 142 835 (12.72%). En cuanto a los comicios de diputaciones de mayoría relativa, JHH recopiló 23 507 805 votos (42.01% de todas las boletas depositadas en las urnas); PMF, 14 377 196 (25.69%), y TPM, 6 859 833 (12.26%) (INE 2019).

 

Igualmente, es oportuno recordar que, de acuerdo con el artículo 88 de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), las organizaciones partidistas nacionales pueden formar -bajo una misma plataforma electoral- coaliciones totales, parciales y flexibles, siendo una de las principales diferencias entre estas el porcentaje de las mismas candidaturas que, dentro de un proceso electoral específico, postulan para ciertos encargos públicos: 100%, 50% (mínimo) y 25% (mínimo), respectivamente (LGPP, op. cit., artículo 88).

 

En relación con eso, cada una de las coaliciones de 2018 postularon su propio candidato presidencial, pero, al no presentar los mismos aspirantes para todos los espacios legislativos disponibles, no fueron alianzas comiciales totales. En las elecciones de diputaciones federales, JHH y PMF fueron coaliciones de naturaleza parcial, al registrar una cantidad de mismas fórmulas superior al 50%, con candidaturas por separado en Hidalgo y Nayarit (JHH), así como en Morelos y Nuevo León (PMF). Mientras tanto, TPM fue de índole flexible porque inscribió una cantidad de mismas fórmulas superior al 25%, con candidaturas por separado en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Por otro lado, en las elecciones de senadurías, las tres coaliciones fueron de carácter parcial, presentando listas binominales por separado en Hidalgo (JHH), Morelos y Nuevo León (PMF), así como en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Tabasco y Tamaulipas (TPM) (INE, op. cit.).

 

Además, la propia Carta Magna nacional reconoce el derecho de los institutos políticos a formar coaliciones, cuando señala que en la legislación secundaria se desarrollarán las formas específicas de intervención partidista en los procesos electorales, siendo una de esas formas el establecimiento de alianzas -con fines comiciales- entre dichos institutos. Aunado a esto, uno de los fines de las fuerzas partidarias es hacer posible que las y los ciudadanos accedan al ejercicio del poder público, teniendo este ejercicio como guía los principios, ideas y programas que cada una de esas fuerzas abandera y que, en el caso de coaligarse, se supone comparten con otras, o bien, hacen compatibles (CPEUM, artículo 41, párrafo tercero, base I, párrafos primero y segundo de esta base, 2019).

 

Entonces, una vez plasmado lo que precede, se considera que son cuatro las principales causas de que las coaliciones de partidos nacionales conformadas para el proceso electoral 2017-2018 hayan captado una espléndida votación, a pesar de las diferencias ideológicas existentes entre sus miembros, de acuerdo con sus correspondientes declaraciones de principios: a) la presencia de candidatos presidenciales aglutinadores, principalmente el de la alianza JHH; b) la evolución del marco normativo en materia de coaliciones; c) la cultura política imperante, y d) el momento histórico experimentado, es decir, la coincidencia de ciertos factores políticos y sociales en el año de la elección, siendo la mayoría de esos factores el desenlace o el punto culminantes de procesos y movimientos de la sociedad civil que, en algunos casos, iniciaron desde hace 30 años.

 

Por lo que atañe a la primera causal, Mauricio Merino (citado en Casoluengo 2018: 121 y 129) enuncia que la historia mexicana se ha construido por aparatos políticos, no por partidos políticos, siendo dichos aparatos redes de alianzas entre personas y organizaciones que se concentran alrededor de un liderazgo, las cuales poseen como principal rasgo de identidad la búsqueda y conservación del poder.

 

En consecuencia, los liderazgos consolidados de Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya Cortés y José Antonio Meade Kuribreña, pero sobre todo del primero, consiguieron que se unieran en torno a cada una de sus personas tercias de partidos con ideologías disímiles entre sí, formando aparatos políticos cuya meta prioritaria era conquistar la presidencia de México, para lo cual dispusieron todos sus recursos y mejores esfuerzos.

 

Siendo más específicos en este punto, destacando lo relativo a la cuestión ideológica, es conveniente señalar que López Obrador logró conjugar dos partidos de izquierdas (MORENA y PT) con uno de derechas (PES), siendo el primero de los mencionados una mezcla de grupos socialdemócratas, socialistas, excomunistas, ambientalistas, cardenistas y del nacionalismo revolucionario, mientras que el PT, de acuerdo con Paoli (op. cit.: 141), se identifica más con las fuerzas partidistas de un comunismo o socialismo arcaico. Por otra parte, el PES ha sido clasificado por algunos hasta como un instituto político de extrema derecha, de corte confesional, cuya base está formada principalmente por evangelistas, una de las variantes del cristianismo protestante.

 

Anaya Cortés utilizó distintos métodos para cerrar la alianza entre dos partidos catalogados como socialdemócratas (PRD y MC) y uno democristiano o de centro derecha (PAN). En tanto que Meade Kuribreña amalgamó alrededor de su figura a una organización partidaria también proclamada como socialdemócrata, que en los últimos tiempos giró hacia la derecha neoliberal (PRI); una ecologista sui generis, no reconocida por muchas otras del extranjero que poseen similar denominación y que igualmente tienen como bandera principal la defensa del medio ambiente (PVEM), y una esencialmente gremial, vinculada con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y afiliada a la Internacional Liberal (Ibídem).

 

Respecto a la segunda causal, Casoluengo (2018: 151-2) expresa de manera pertinente que, hasta 1993, la integración de una coalición electoral representaba un procedimiento costoso y difícil para los partidos. Ello cambió gracias a las reformas de 1996 y 2007, las cuales flexibilizaron los requisitos y condiciones para dichas integraciones.

 

Por ejemplo, las modificaciones de 2007 eliminaron la obligación de los partidos que deseaban coaligarse de elaborar documentos básicos comunes (declaración de principios, programa de acción, etc.), siendo suficiente una plataforma común de campaña electoral (Gómez, op. cit., 577). Esto hizo posible que MORENA y el PES o que el PAN y el PRD no se enfrascaran en profundos, largos y ríspidos debates respecto a temas como el aborto o el matrimonio igualitario. Además, actualmente, los partidos grandes tienen una mejor relación costo-beneficio si se coaligan, porque ya no tienen que preocuparse de la subsistencia o de los sufragios obtenidos por sus aliados pequeños, pues no pueden transferirse o distribuirse votos mediante el convenio de coalición; cada emblema partidista aparecerá por separado en la boleta, para conocer la real fuerza de cada instituto político, y cada uno de estos deberá registrar sus propias listas de candidaturas a diputaciones federales y senadurías por el principio de representación proporcional (LGPP, op. cit., artículo 87, párrafos 10, 12 y 14).

 

En cuanto a la tercera y cuarta causales, Duverger (1957: 350-5 citado en Casoluengo 2018: 132) manifiesta que dos factores que influyen mucho en la integración de coaliciones son las tradiciones nacionales y las circunstancias históricas. Igualmente, Panebianco (2009: 412-3 citado en Casoluengo 2018: 136) afirma que, paradójicamente, las coaliciones más estables tienden a ser las formadas por partidos opositores o ideológicamente lejanos, ya que no se amenazan sus identidades organizativas ni se crean problemas derivados de una actitud competitiva.

 

Esa estabilidad se confirma con las coaliciones JHH y PMF, compuestas por partidos de izquierdas y derechas, pero que hoy en día se mantienen, al grado de haberse trasladado a las Cámaras Alta y Baja, convirtiéndose de facto en coaliciones parlamentarias.

 

Por lo que se refiere a las tradicionales nacionales, la mayoría de la ciudadanía mexicana, politizada o no, presta poca atención a los principios y postulados de los partidos, enfocándose en la personalidad, trayectoria y propuestas de ciertas candidaturas.

 

Sumado a eso, en lo relativo a las circunstancias históricas, en el 2018, confluyeron un hartazgo social a los partidos tradicionales o grandes (siendo sus coaliciones las perdedoras), un repudio hacia las candidaturas de los institutos políticos que habían ejercido en exclusiva el Poder Ejecutivo federal, una drástica disminución de las opiniones negativas respecto a López Obrador (candidato presidencial ganador), así como un ánimo colectivo de búsqueda de uniones o coaliciones amplias -tanto entre semejantes como entre diferentes- que resuelvan los grandes problemas nacionales.

 

Finalmente, existen diferentes razones para asegurar que las coaliciones electorales en México han llegado para quedarse, por haber alcanzado su mejor época o porque se volvieron un elemento imprescindible del sistema electoral patrio. Algunas de esas razones son: 1) demostraron su utilidad en el más reciente proceso comicial federal, maximizando sus beneficios; 2) como ya se indicó líneas atrás, dos de ellas (JHH y PMF) se convirtieron en coaliciones parlamentarias; 3) ante el eventual retorno de elecciones muy competitivas, conservan su estatus de instrumento estratégico para alzarse con la victoria, aunque sea por la mínima, en votaciones muy polarizadas, y 4) se tornaron plataformas necesarias para conservar el poder o mantenerse en cargos públicos, puesto que las y los legisladores federales que deseen reelegirse consecutivamente, y que no quieran padecer las limitaciones propias de las candidaturas independientes, solo podrán ser postulados de nuevo para los mismos encargos, de acuerdo con disposición constitucional (CPEUM, op. cit., artículo 59), por los mismos partidos que, en lo individual o coaligados, los hubieren propuesto la primera vez, salvo que renuncien o pierdan sus respectivas militancias/vinculaciones partidistas antes de la mitad de sus mandatos.

 

Referencias

 

Casoluengo Méndez, René. 2018. “Las coaliciones electorales deben respetar los principios rectores de las elecciones y cumplir con las bases y reglas para su conformación”. Justicia Electoral vol. 1, núm. 22 (julio-diciembre): 121-57.

 

CPEUM. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2019. [Expedida en 1917]. México: Cámara de Diputados.

 

Gómez Tagle, Silvia. 2013. Alianzas y coaliciones de partidos: su impacto en el sistema de representación. En México: Democracia y Sociedad. Más allá de la reforma electoral, ed. Arturo Alvarado, 561-87. México: El Colegio de México/Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

 

INE. Instituto Nacional Electoral. 2019. Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones del Proceso Electoral 2017-2018 [en línea]. Disponible en https://siceen.ine.mx:3000/#/tablas-resultados (consultada el 3 de noviembre de 2019).

 

LGPP. Ley General de Partidos Políticos. 2019. [Expedida en 2014]. México: Cámara de Diputados.

 

Paoli Bolio, Francisco. 2012, “Tiempo de coaliciones: cinco lustros de elecciones en México”. Ius año VI, núm. 30 (julio-diciembre): 136-48.

 

 

 

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